El Gobierno anunció que la Ley Contra el Odio será objeto de ajustes para adecuarla a lo que calificó como el “momento político” actual. Pedro Infante presentó la iniciativa como un avance hacia una etapa en la que, según sus palabras, debe primar el reconocimiento entre los diferentes sectores del país.

La ley, aprobada en ejercicios previos, ha sido empleada en debates públicos sobre el equilibrio entre el control de discursos violentos y la protección de la libertad de expresión. Infante afirmó que la norma se actualizará, aunque no detalló en su intervención los textos concretos que se modificarán ni los plazos previstos.

El anuncio llega en un contexto político marcado por polarización y una agenda legislativa activa. Desde el Ejecutivo se plantea que la adaptación busca responder a necesidades contemporáneas, mientras que distintos actores han planteado la importancia de incorporar salvaguardas claras para evitar usos arbitrarios.

Organizaciones de prensa y defensores de derechos civiles han advertido históricamente sobre los riesgos que conlleva un marco legal amplio sin definiciones precisas. La ausencia de detalles oficiales sobre mecanismos de aplicación deja preguntas abiertas sobre cómo se medirá el cumplimiento y qué órganos serán responsables de la supervisión.

Infante no precisó los pasos siguientes ni si habrá consultas públicas o debates legislativos ampliados antes de cualquier cambio. La expectativa ahora se centra en que el Ejecutivo concrete un calendario y explique los criterios que regirán las modificaciones anunciadas.

Fuente: Venezolana de Televisión